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15 de abril de 2014

El curso básico de derechos humanos es una serie de cápsulas en las que Miguel Carbonell analiza y explica de manera clara, breve y sencilla, la historia, el desarrollo y la importancia de los derechos humanos.

Esta serie fue realizada durante el primer módulo de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública, organizada por la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa en septiembre de 2011.

PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

10 de abril de 2014

"El principal asesino del Siglo XX ha sido el Estado", expresó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, durante su reciente visita a Ciudad Universitaria en donde brindó una conferencia magistral sobre Derecho Penal y Criminología.

Zaffaroni, quien es un experto en ambos temas, aseguró en el marco de una entrevista brindada a PRESENCIA UNIVERSITARIA y con base en la bibliografía del investigador Wayne Morrison, estimó que “al sumar los muertos victimizados por el Estado, de cada cincuenta habitantes en el mundo en el siglo XX, por lo menos uno fue asesinado por los Estados”.

El académico argentino detalla que los Estados han matado a personas indefensas de forma alevosa y masiva en una manera muy superior a la que se pudo haber realizado por iniciativa privada convirtiéndolo en el principal asesino del siglo pasado.

Señaló, además, que los fenómeno de las masacres estatales tiene una característica invariable - los ejecutores -son agencias del propio sistema penal. Y ejemplo de ello son organismos como La Gestapo una policía secreta del Estado Nazi o la KGB era una policía secreta de Rusia.

Escuchar Online:


Para descargar la Conferencia en tu computador haz: Click Aqui
PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

30 de agosto de 2013

El sobreseimiento (que proviene del latín supercedere, "desistir de la pretensión que se tenía")

es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Habitualmente es una institución del derecho procesal penal.

En el sobreseimiento el juez, al ver la falta de pruebas o ciertos presupuestos, no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo, pudiendo terminar el proceso antes de dictar sentencia. Por ese motivo, dependiendo de la legislación, el sobreseimiento no provoca normalmente la situación de cosa juzgada y el proceso se podría reabrir más adelante.

Normalmente, el sobreseimiento se dicta mediante un auto, que puede ser objeto de recurso.

Tipos de sobreseimiento
El sobreseimiento puede ser definitivo o provicional según ponga término al procedimiento o únicamente lo suspenda o paralice por ciertas y determinadas causales legales.

Sobreseimiento Definitivo

El sobreseimiento definitivo consiste en una resolución judicial que declara terminado el proceso penal, respecto de una o diversas personas imputadas, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva tenga efecto de cosa juzgada, debido a la existencia de una causal que impide en forma concluyente continuar la persecución penal, y que produce cosa juzgada.

causales de sobreseimiento definitivo:

Según el Artículo 296 del Código Procesal Penal, Se dictara Sobreseimiento definitivo Cuando:

1. Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participo en su comisión;

2. No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y,

3. Se ha extinguido la acción Penal

Sobreseimiento Provicional

El sobreseimiento provisional equivale a un archivo temporal de la causa. Esto quiere decir que aunque esta se cierre es susceptible de volver a ser abierta si aparecieran nuevos indicios relevantes que la pudieran desbloquear. El juez actúa así cuando se ha cometido un delito pero no sabe quién lo ha hecho o cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.

El Juez Dictara sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva.

Si dentro de los (5) años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez a petición del fiscal o del acusador privado, podrá ordenar la prosecución del proceso. En caso contrario, se estará a lo prescrito en el artículo 42, numeral 5).

(Articulo 295, Código procesal penal.)
PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

28 de agosto de 2013

La Interpretacion Constitucional

Posted by Francisco On 17:53 No comments
"Interpretar la Constitución, como en general interpretar cualquier ley, es desentrañar el sentido y alcances de sus normas o disposiciones. Pero la interpretación constitucional asume un carácter e importancia especial en él contexto del ordenamiento jurídico de un Estado, porque se trata de las normas fundamentales  esencialmente de naturaleza política, que lo organizan y fijan las reglas de su funcionamiento y de la creación del resto de las normas que integran al sistema jurídico de un país, así como el reconocimiento y restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías de las personas. Simplemente hay que recordar que la Constitución contiene las decisiones fundamentales de una determinada sociedad constituida políticamente, para comprender que Sus normas tiene" en el orden lógico-jurídico una posición de supremacía frente a las normas ordinarias, prevaleciendo aquéllas frente a éstas en los casos de discrepancia o conflicto, como lo prescribe expresamente el artículo 320 de la Constitución de Honduras.

REGLAS PARTICULARES   
El Profesor Moneada Silva cita las reglas de Interpretación de la Constitución de Segundo Linares Quintana
1. Debe siempre prevalecer el contenido teleológico. O finalista de la Constitución, que si es un instrumento de gobierno, también y principalmente lo es de amparo de la libertad.

2.  La Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal y práctico; y nunca estrecho, limitado y técnico, en tal forma que en la aplicación práctica de sus disposiciones, se cumplan cabalmente los fines que la informan.

3. Las palabras que emplea la Constitución deben ser entendidas en su sentido general y común, a menos que resulte claramente de su texto que el constituyente quiso referirse a su sentido legal y técnico en ningún caso ha de suponerse que un término constitucional es Superfluo o está de más sino que su utilización obedeció al designio preconcebido de los autores de la ley suprema.

4. La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual él significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición, debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no a que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema.

5. La Constitución en cuanto instrumento de gobierno permanente cuya flexibilidad y generalidad le permite adaptarse a todos los tiempos y Circunstancias ha de ser interpretada teniendo en cuenta no solamente las  condiciones y necesidades existentes al momento de sanción  también a las condiciones sociales, económicas y políticas    que existan al tiempo de ser interpretada, de manera que siempre sea posible el cabal cumplimiento dé los grandes fines que inspiran y orientan a la ley suprema del país.

6. tratándose de privilegios, siempre odiosos y en especial aquellos cuyo uso puede afectar intereses o derechos de otros, deben estos privilegios interpretarse en una forma restrictiva

7. los actos públicos se presumen constitucionales en tanto mediante una interpretación razonable de la constitución, puedan ser armonizados con esta.

INTERPRETACIÓN  AUTÉNTICA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL EL CASO DE HONDURAS


Interpretación autentica o legislativa es la realizada por medio de una ley. El legislador mismo señala el sentido en que debe entenderse una ley anterior.  Por una ficción legal se supone que la ley interpretativa forma un solo cuerpo

Con la ley interpretada se entiende incorporada en esta; esto significa que debe aplicarse desde la fecha deja ley interpretada

Para que una ley pueda calificarse realmente de interpretativa, debe limitarse a declarar el sentido de otra precedente, pues si contiene normas nuevas o diversas, no puede atribuírsele tal carácter

El problema de la interpretación auténtica de la Constitución se halla íntimamente vinculado a la pregunta de quién ha de interpretar sus principios y  normas fundamentales con carácter general y obligatorio;

El artículo 3 del Código Civil preceptúa que "Sólo toca al legislador explicar o interpretarla ley de un modo generalmente obligatorio". En el orden lógico de las cosas, el órgano creador de la Constitución (Constituyente Originario) es al que naturalmente compete resolver las dudas que ocasiona la aplicación de los preceptos que el mismo ha creado Pero como la Asamblea Nacional Constituyente (o como se le llame, una vez que emite la Constitución desaparece del mundo jurídico, se extingue por haber cumplido su misión y no ser necesaria su presencia, resulta entonces, que materialmente no puede efectuar la interpretación.
Pero puede suceder qué la propia ley fundamental haya previsto lo atinente a su interpretación, designando el órgano y estableciendo el procedimiento para llevarla á cabo, hipótesis en la cual habrá que atenerse a las prescripciones constitucionales.   

Las constituciones chilenas dé 1828 (Art 132) y de 1833 (Art. 164), previeron la interpretación constitucional en forma expresa.

En el supuesto de que la propia Constitución no haya dispuesto nada sobre el particular compartimos la opinión de los autores que sostienen que la solución tendría que buscarse en el Constituyente Instituido o Derivado que es el encargado de las reformas del texto constitucional, de acuerdo con el procedimiento establecido de antemano en la Carta Magna para la revisión constitucional.
Es decir, el Poder Reformador generalmente, previsto en la Constitución, observando el mismo procedimiento de reforma, sería el órgano competente para explicar o aclarar el recto sentido y alcance de sus disposiciones, lo que constituye, precisamente la interpretación auténtica.

El casó de Honduras
Ninguno de los textos constitucionales qué ha tenido nuestro país ha previsto la interpretación auténtica, pero ha sido práctica del Congreso Nacional por lo menos en los últimos años, interpretar las disposiciones constitucionales en la misma forma como se interpretan las normas de las leyes ordinarias.
El maestro Moncada Silva considera que no se puede interpretar la Constitución del mismo modo que la ley ordinaria o secundaria, por las razones siguientes:   

1.Porque la jerarquía, naturaleza  carácter y alcances de la norma constitucional son diferentes a los de la. Norma ordinaria.

2.El legislador ordinario no tiene facultades constitucionales expresas para llevar a cabo la interpretación de la Constitución.

3. Con el pretexto de la interpretación constitucional se podría realizar una reforma constitucional sin cumplir con el procedimiento de reforma constitucional dispuesto en la Constitución en los artículos 373 y 374
Concluye el Doctor Moneada Silva que si el Congreso Nacional, actuando en función de constituyente instituido o derivado, realiza la interpretación de la norma constitucional debe hacerlo, empleando el mismo procedimiento de reforma previsto en la Constitución.

Fuente: Interpretacion Juridica - Dra. Gilma Agurcia de Hernández

PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

13 de agosto de 2013

Toga de jueces, un luto de siglos

Posted by Francisco On 16:32 No comments
Los jueces visten de negro desde 1694, por la muerte de una reina. La tradición persiste para irradiar autoridad, respeto y seriedad

La toga de color negro que visten los jueces de Sentencia data desde hace 319 años, cuatro siglos, por la muerte de una reina de Inglaterra. Según algunos estudiosos, el uso de la toga negra entre los jueces se usó por primera vez en el año 1694, como muestra de luto y respeto por el fallecimiento de la reina María II de Inglaterra.

Esa tradición perduró hasta la actualidad debido a que el color negro simboliza seriedad y respeto. Además, simboliza precaución, capacidad de evaluación del riesgo y pensamiento crítico. Años más tarde de la muerte de la monarca, esta costumbre se extendió a otros países, adoptando el uso de la toga de color negro. La función de la toga es la de proyectar respeto y autoridad tanto a las partes como a los espectadores presentes en un juicio. Es una forma teatral de comunicar que lo que se está tratando en la sala tiene la máxima importancia. Sin embargo, la historia dataría con muchos años de antelación, según otras publicaciones.

El estudio Namucci & Abogados publicó un artículo denominado “La toga, el traje de autoridad de los jueces”. Precisamente es lo que impresiona al ingresar a una Sala de Juicios Orales. Su origen se remonta a la antigua Roma. Era el distintivo de cónsules, senadores, sacerdotes, y, por supuesto, de pretores, que era el nombre que entonces recibían los jueces. Aquellas togas no eran negras, como las de ahora, sino blancas, con bandas de color carmesí tejidas en los bordes, y recibían el nombre de toga praetexta. Según la firma, la toga negra que hoy llevan los jueces tiene su precedente en el traje oficial que utilizaban los ministros del Consejo de Castilla. Esta institución, creada en el siglo XIV, cumplía las funciones de órgano asesor del Rey y de un primitivo Alto Tribunal. No todas las togas del mundo son iguales ni son negras.

El rojo es el segundo color más utilizado, sobre todo en el Reino Unido de la Gran Bretaña, de donde proceden las togas más coloristas. Cuando se produjo la revolución estadounidense, por 1775, una de las primeras medidas de la nueva nación fue la de abolir el uso de las togas para las partes, fiscales y defensores, su utilización quedó reservada solo para jueces. Estos, a su vez, dejaron de utilizar las pelucas y abandonaron las togas multicolores británicas. En Francia, donde en 1789 tuvo lugar otra revolución, por el contrario, los jueces no siguieron la senda estadounidense. Avanzados los años sesenta, el birrete, el gorro judicial, cayó en desuso, pero permaneció el de la toga, hasta la fecha.

Honduras incursiona 
La toga es una prenda que usan los magistrados encima de un traje ordinario, que en Honduras comenzó a utilizarse desde el año 2002, con la puesta en practica del nuevo Código Procesal Penal, que marca el inicio del sistema acusatorio con Tribunales de Sentencia. Cada Sala de un Tribunal de Sentencia está integrada por cuatro jueces; uno en condición de suplente, por lo que los juicios orales y públicos son evacuados por tres togados. Cada uno viste la toga negra con mangas de encaje blanco, con un pin del escudo de Honduras.

La toga negra es una señal de solemnidad, de respeto que se transmite a las partes procesales como al público, en un juicio oral, en Honduras es una característica propia de un Tribunal de Sentencia, no la utilizan los Juzgados de Letras Penal, explicó el juez Anaim Orellana. La Corte Suprema de Justicia se encarga de dotar las togas a los Tribunales de Sentencia. Además, los jueces y fiscales tienden a vestir con ropa negra, eso es obligatorio en muchos países, para transmitir respeto.

El estricto orden en el Tribunal
En cada una de las Salas de los Tribunales de Sentencia existentes en el país prevalece el orden. La rigurosa disciplina se percibe en la celebración de los juicios orales. Para el caso, al ingresar los tres jueces a la Sala se escucha una voz de la secretaria que pide a los presentes ponerse de pie, es la coordinadora del Tribunal quien invita a las partes y público a tomar asiento. Está prohibido a los presentes platicar durante el juicio, comer o masticar chicle, utilizar gorras, lentes oscuros, calzonetas, hacer gestos, ni mucho menos dormirse. El que lo haga será obligado a abandonar la Sala. No se permite a nadie estar parado, solamente los alguaciles judiciales y efectivos militares, quienes vigilan que el juicio se celebre en orden. Además, el respeto es notorio entre los jueces, fiscales, defensores, y testigos o peritos y acusados.
Via: Diario El Heraldo

PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

9 de agosto de 2013

El Proceso Monitorio en el Codigo Procesal Civil

Posted by Francisco Portillo On 16:02 No comments
El proceso monitorio es un instrumento totalmente novedoso en la legislación hondureña, lo regula el nuevo Código Procesal Civil entrará en vigor en noviembre del presente año, de ahí que resulta interesante el análisis de las características particulares que reviste el proceso monitorio hondureño; las cuestiones problemáticas que en su puesta en práctica se puedan presentar, y; las soluciones que nos pueden servir para lograr superar esas dificultades y obtener una mayor eficacia de esta institución.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el adjetivo monitorio, se refiere a aquello “que sirve para avisar o amonestar”1. Procede de la raíz latina “monitorius” que significa amonestación. GÓMEZ COLOMER, relaciona este calificativo al proceso monitorio, señalando “el adjetivo monitorio se deriva del significado de advertencia o intimación, realizada por una autoridad, la judicial, que tiene el sustantivo “monición” (la amenaza es o pagas, “o ejecuto”

Aunque jurídicamente este concepto terminológico no es suficiente para definir el proceso monitorio, nos da una base lógica del porqué se denomina proceso monitorio al procedimiento que tiene por finalidad dar vida con mayor celeridad a un título ejecutivo, por medio de la inversión de la iniciativa del contradictorio, a través de la emisión de un mandato de pago dirigido al deudor, dictado inaudita altera parte, que ante la inactividad de éste, ya sea pagando u oponiéndose, abre las puertas a la ejecución. Como vemos es un “concepto lógico”, pues a través del mandato de pago lo que se hace es avisar al deudor que si no paga ni se opone se procederá a ejecutar el título (constituyendo éste último la amenaza).




El Proceso Monitorio en el Codigo Procesal Hondureño
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PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

21 de mayo de 2013

En materia de derecho, los principios del proceso civil constituyen obligatorio cumplimiento,
ningún juez o apoderado podrán prescindir del mismo, y de afectar a interesados o de hacerse
acreedor de falta. Estos principios son como la guía perfecta de todos los procesos que conllevan
al éxito de los mismos, cada uno de ellos expresa con claridad el ordenamiento jurídico que
implica el hecho de ventilar casos legales que los poderdantes e instituciones confieren a los
representantes de la ley, en este caso a los abogados para que en su nombre comparezcan yresuelvan peticiones orientadas a liberar de responsabilidades legales que se imputen a susclientes.

No cumplir con uno de los principios, es poner de manifiesto y en precario los intereses de sus representados y consecuentemente su reputación profesional. Pues cada uno de ellos son fundamento perfecto que garantiza el éxito de la gestión legal en cualquier juzgado del país.



Principios Generales del Derecho Procesal Civil en Honduras
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PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

24 de abril de 2013

La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) exhortó ayer al presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, enviar al Congreso las iniciativas de ley que esa instancia le planteó desde octubre pasado. Víctor Meza, uno de los cinco comisionados de la CRSP, dijo a Notimex que desde el 26 de octubre entregaron al mandatario las propuestas para reformar el sistema de seguridad pública, que incluye no sólo a la Policía Nacional, sino al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La CRSP fue instalada en abril de 2012 por Lobo Sosa como un órgano temporal e independiente encargado de diseñar una reforma integral sobre seguridad pública con el objetivo de abatir los elevados índices de violencia generada por el crimen organizado.

Los Proyectos que están a disposición son:
• El proyecto Ley de la Carrera Policial
• El proyecto de Ley de la Carrera del Servidor del Ministerio Público
• Reforma al artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Con-tencioso- Administrativo. - Reformas a los Artículos numeral 9, 4, 6,16, numeral 4,19,20,22,28,53,58,74 y 79 de la Ley del Ministerio Público.
• El proyecto de reforma de la Constitución de la República artículos 224, el Capítulo V, en adelante denominado, Del Minis-terio Público. Del Sistema de Selección y Evaluación, y los artículos 233,234,311,312,314,315 y 317 de la Constitución de la República.
• Reformar los artículos 4,6 y 7 de la Ley del Consejo de la Judi-catura y de la Carrera Judicial


Proyecto de Leyes y Reformas presentados por la Comisión de Reforma a Seguridad Pública en Honduras (CRSP)
Puedes Descargarlas haciendo: Click Aqui 


Via: OIM Editorial 

PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
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12 de abril de 2013

El Menor ante el Delito (Daniel Hugo D´ Antonio)

Posted by Francisco Portillo On 15:39 No comments
Es preciso ahondar los estudios de los factores
interactuantes y delinear precisamente los medios
a implementar para abordar la atención de la conducta minoril desviada, a partir de una política integral que abarque todos los aspectos de dicha
problemática. Sigue siendo ello un imperioso reclamo, cuya desatención constituye tal vez el más grave incumplimiento de quienes tienen a su cargo asegurar el bien común. Esta segunda edición de El menor ante el delito actualiza los contenidos, conforme con las reformas legislativas producidas en el orden nacional e internacional; así como también los datos estadísticos consignados en la primera edición.
Se incorpora un nuevo capítulo primero, destinado a desarrollar el aspecto de la incapacidad penal del menor y se analiza en detalle el régimen legal vigente sobre la conducta minoril que tipifica una figura penal.
Los propósitos siguen siendo los que enunciáramos en el Prefacio.



 El Menor Ante el Delito - Daniel Hugo D´ Antonio

Para descargar el libro completo haga: Click Aqui
PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

15 de marzo de 2013

El Derecho de Amparo en Honduras

Posted by Francisco Portillo On 20:34 No comments
En Honduras, aparece por primera vez reconocido el derecho de amparo, en la Constitución Política de 1894, en la cual se disponía en el articulo 29, que: “Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea victima y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esta Constitución establece, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario publico.”

La citada disposición, formo parte del texto de la Constitución Política considerada en su época, como la mas progresista y con notoria influencia de lo dispuesto en el derecho mexicano, cuando la Asamblea Nacional Constituyente en el gobierno del Presidente Doctor POLICARPO BONILLA, la aprobó el 14 de Octubre de 1894, ya que además, en la misma se consagro, entre otros derechos, el voto secreto y directo, se reconocieron las minorías electorales, se abolió la pena de muerte, el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, etc.

Tal redacción aparece repetida en las Constituciones de los anos 1906, 1924, 1936 y 1957, en cambio en la de 1965 se modifico su texto y en el articulo 58 se disponía lo que en su parte conducente dice: “Esta Constitución reconoce el derecho de amparo y la garantía de exhibición personal o de habeas corpus. En consecuencia, toda persona agraviada, o cualquiera otra en nombre de esta, tiene derecho: 1) A interponer el recurso de amparo: a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución establece; y b) Para que se declare en casos concretos que un ley o resolución o acto de autoridad no obliga al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución…”

En la Constitución de la Republica de 1982, que es la vigente, se mejoro mucho su redacción, cuando en el Titulo IV DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, Capitulo I DEL HABEAS CORPUS Y EL AMPARO, en el articulo 183 establece: “El Estado reconoce la garantía de Amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de esta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y 2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la Ley.”
Asimismo, se han emitido seis (6) Leyes de Amparo, la primera fue aprobada en el ano de 1893 y se le denomino LEY RELAMENTARIA DEL JUICIO DE AMPARO, y posteriormente ya como LEY DE AMPARO se emitieron el 20 de noviembre de 1894, 8 de febrero de 1906, 11 de marzo de 1908, 30 de septiembre de 1924 y la ultima, que es la vigente, del 14 de abril de 1936, la cual regula las garantías constitucionales, con excepción de la Revisión.



 El Derecho de Amparo en Honduras

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7 de marzo de 2013

Cadena de Custodia

Posted by Francisco Portillo On 13:48 No comments
Es un sistema de estricta y cuidadosa ejecución que se aplica sobre las evidencias, para garantizar la seguridad, preservación, autenticidad e integridad de los elementos materiales de de prueba recolectados y analizados, asegurando con ello que pertenecen al caso investigado, sin que puedan sufrir alteraciones, modificaciones o sustracciones desde su inicio hasta la culminación del proceso. Por lo tanto, se considera que un elemento material de prueba se encuentra bajo custodia, cuando este se halla bajo posesión y observación de una persona idónea, guardada en un lugar seguro y accesible solo a personas autorizadas o con un permiso especial.

Principios de la Cadena de Custodia:

1. Es el sistema que garantiza la autenticidad e integridad de los Elementos Materiales Probatorios recolectados y examinados.

2. Está conformada por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los elementos probatorios respectivos, durante las diferentes etapas del proceso penal. Por consiguiente, todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos probatorios y documentos forma pare de esta cadena.

3. Se inicia con la observación general de la escena, continua con la protección de la misma, la fijación, recolección, embalaje y rotulado de los Elementos Materiales Probatorios, desde el mismo momento en que se conoce la conducta presuntamente delictiva, en la diligencia de inspección al cadáver o inspección judicial y finaliza con la entrega del informe pericial a la autoridad solicitante y la sustentación del mismo en el juicio oral ante el Juez de Conocimiento, por parte del perito y los diferentes funcionarios judiciales que en ella intervinieron.

4. Los procedimientos de Custodia deben aplicarse a todo Elemento Material Probatorio, sea este un cadáver, un documento o cualquier otro elemento. Esta misma protección y vigilancia debe ejercerse de manera idéntica sobre formatos, informes u oficios que acompañen este material.

5. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso de Cadena de Custodia, conocer y ejecutar los procedimientos generales y específicos establecidos para tal fin.

6. Cada uno de los funcionarios que participe en el proceso de Cadena de Custodia es responsable del control y registro de su actuación directa dentro del proceso.

7. AL momento de recolectar los Elementos Materiales Probatorios se debe dejar constancia en el formato de la diligencia correspondiente, haciendo la descripción completa de los mismos, registrando su naturaleza, el sitio exacto de donde fueron removidos o tomados y la persona o funcionario que los recolectó.

8. Toda muestra o Elemento Material Probatorio debe tener el registro de Cadena de Custodia, el cual debe acompañar a cada uno de los Elementos Materiales Probatorios a través de su curso judicial. Por consiguiente toda transferencia de custodio debe quedar consignada en el registro indicando: Fecha, hora, nombre, firma de quien recibe y de quien entrega.

9. Toda muestra o Elemento Material Probatorio debe estar debidamente embalado y rotulado. Los remanentes, muestras y demás elementos se les deben garantizar la correcta aplicación del sistema Cadena de Custodia.

10. Todo funcionario que analiza muestras o Elemento Materiales Probatorio debe dejar constancia escrita en el informe con la descripción detallada de los mismos, de las técnicas y procedimientos de análisis utilizados, así como las modificaciones realizadas sobre los Elementos Materiales Probatorios, mencionando si éstos se agotaron en los análisis o quedaron remanentes.

11. La Cadena de Custodia implica que tanto los elementos probatorios como los documentos que los acompañan, se deben mantener siempre en un lugar seguro.

12. Los Laboratorios Forenses podrán abstenerse de analizar el Elemento Material Probatorio, enviados por las autoridades competentes, cuando se compruebe que no ha existido Cadena de Custodia o que esta se ha interrumpida.

PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

23 de febrero de 2013

Derecho publico y Derecho privado

Posted by Francisco Portillo On 20:55 No comments
Los Derechos particulares son subsumibles en dos grandes ramas. Derecho Público y Derecho Privado. La distinción, desde Ulpiano, reside en según nos estemos refiriendo bien a las normas que se ocupan de los temas referentes a la organización y funcionamiento de un grupo social (el Derecho de la res pública) o a las normas que se ocupan de los intereses particulares de los miembros de ese grupo social.

El Derecho Público persigue un interés colectivo que, básicamente, consiste en crear las condiciones generales (fundamentalmente libertad y seguridad) que permitan a los individuos y los grupos en que se integran conseguir su interés particular. En el modelo de organización social que venimos teniendo desde hace más de cinco siglos, la defensa de ese interés colectivo o común se ha instrumentalizado a través de un ente organizativo llamado Estado. La consecuencia es que el Derecho Público estará constituido por las normas que regulan la actividad de los poderes del Estado, de las relaciones de éstos entre si y de las relaciones de los mismos con los individuos que constituyen la base social (población) del Estado.

Por lo tanto el Derecho Público será el sector del ordenamiento jurídico que regula el ejercicio de los poderes del Estado, orientado a la procura de intereses colectivos o comunes. Sus normas son de carácter obligatorio o ius cogens. Y tienen una cierte preeminencia como consecuencia del principio "favor respublicae", o a favor de la cosa pública, lo que significa que en las relaciones entre los individuos y los poderes públicos, el ordenamiento jurídico, en atención al interés general que defienden estos últimos, plasma en distintos aspectos: fueros especiales, ejecutividad de los actos administrativos...etc.

El Derecho Privado se ocupará de las normas que regulan las relaciones entre los individuos privados en defensa de sus intereses particulares. En ocasiones sus normas son de ius dispositium, esto es, los sujetos privados pueden elegir a veces entre regular sus relaciones por ellas o establecer sus propias normas. Ello quiere decir que se concede un amplio margen a la autonomía de la voluntad. Y claramente se producen en él dos ramas desde los primeros tiempos del Estado: El Derecho que regula las relaciones de los comerciantes o derecho Mercantil. Posteriormente de uno y otro se desgajarán otras ramas del Derecho (el Laboral, por ejemplo, desde el Civil).

Fuente: http://www.derechoconstitucional.es/
PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO

Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

10 de febrero de 2013

¿Delito de negacionismo?

Posted by Francisco Portillo On 14:56 No comments
Por definición, este tipo de delito sanciona la trivialización o justificación de un hecho criminal efectivamente acaecido. Su tipificación en la legislación penal expresa el interés estatal por mantener presente en la memoria social un hecho criminal particularmente atroz, cuya sola relativización denigra la dignidad de las víctimas y pone en peligro la paz pública alcanzada luego de la reprobación judicial de tales hechos. A diferencia de la instigación, consistente en incitar la comisión de un delito, y de la apología, referida al ensalzamiento
de un hecho punible y/o de sus autores, el negacionismo implica poner en tela de juicio la realidad o dimensión del hecho criminal, sin llegar necesariamente a elogiarlo o a incitar su repetición.

El proyecto de ley recientemente aprobado por las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso, para incorporar al código penal el delito de negacionismo del terrorismo, ha merecido severos cuestionamientos por afectar la libertad de expresión y el derecho de crítica a las resoluciones judiciales. La propuesta consiste en penalizar a quien promueve la comisión del delito de terrorismo o su apología, mediante la negación pública de hechos que hayan sido declarados como delito de terrorismo en una sentencia judicial firme. Sin embargo, así pergeñada, no se llega a tipificar un delito de negacionismo, sino una serie de
comportamientos sancionados desde 1992 por la legislación antiterrorista, a través de las figuras de apología e instigación.

De promulgarse este proyecto estaríamos ante una ley penal innecesaria por redundante, como lamentablemente ocurre cada vez que se quiere aplacar mediante la dación de normas la sensación general de inseguridad generada por hechos desestabilizadores de la paz social, en lugar de decidirse por una aplicación eficiente de las herramientas legales vigentes, cuya amplitud y drasticidad otorgan el marco idóneo para que autoridades policiales, fiscales y judiciales persigan y sancionen eficazmente a los apologistas e instigadores del terrorismo. El proyecto finalmente aprobado por el Congreso desfigura completamente la propuesta presentada por el Ejecutivo, que sí postulaba la incorporación de un genuino delito de negacionismo, previendo sanciones para quien públicamente aprobara, justificara, negara o minimizara los hechos considerados como delitos de terrorismo en una sentencia judicial firme, cuando con ello se menospreciara, hostilizara u ofendería gravemente a un colectivo social, sin necesidad de ulteriores consecuencias.

Aun cuando es encomiable la finalidad que impulsó al ejecutivo a proponer la tipificación del delito de negacionismo del terrorismo, pues busca reforzar las medidas legales que impiden el resurgimiento de ideologías que preconizan el terror y la destrucción, dicha propuesta legislativa es técnicamente inviable por dos razones. Primero, implica una restricción innecesaria al derecho de crítica de las resoluciones judiciales, pues las figuras delictivas de apología e instigación del terrorismo son suficientemente solventes para la consecución de la finalidad deseada, más aún si se acompañan de medidas extrapenales como las que vienen implementándose para prohibir desempeñar labores docentes a quienes hayan sido condenados por terrorismo, o para negar la inscripción de movimientos políticos de fachada del terrorismo.

En segundo lugar, la aceptación que goza el delito de negacionismo en la comunidad internacional, de la que se da cuenta en la exposición de motivos del proyecto del Ejecutivo, no puede trasladarse sin más a nuestra realidad, pues su legitimidad se sustenta en la experiencia vivida durante el régimen nacionalsocialista alemán, a partir de la cual se justifica la sanción penal para quien públicamente aprueba, niega o minimiza el genocidio ocurrido en dicho período histórico. A diferencia de lo ocurrido en nuestro país con los movimientos terroristas, que siempre se mantuvieron marginales al derecho, la ideología nazi controló el aparato político-estatal y provocó crímenes de Estado, cuya sola negación sí justificaba una sanción penal.

Por: José Reaño Peschiera

PUBLICADO POR: FRANCISCO PORTILLO
Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Me encanta el Derecho y mi objetivo es servir con excelencia a mi país y mis Semejantes.

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